UNED Derecho Administrativo 1 Examen Tipo Test B Septiembre 2017

1. El control de la actividad de los órganos administrativos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y en particular de sus normas reglamentarias, se ejerce de manera directa o principal por la siguiente institución:

a.El Gobierno del Estado.

b.El Tribunal de Cuentas.

c.La Jurisdicción contencioso-administrativa.

d.El Tribunal interno de garantías estatutarias.

2. El órgano para el apoyo del Gobierno que carece de capacidad de adoptar por delegación actos o resoluciones que correspondan legalmente al gobierno es:

a.Las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b.La Comisión general de subsecretarios y directores generales.

c.La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

d.Las Secretarías generales técnicas.

3. ¿Qué formas extra-estatutarias existen, previstas en la Constitución, para poder atribuir, o para ampliar en ciertos casos, las competencias a las CC.AA.:

a.Son tres: las leyes de bases, las leyes de armonización y los textos refundidos.

b.Serían dos: las leyes marco y las leyes de transferencia o delegación.

c.Son dos: los Decretos leyes y los Decretos legislativos.

d.Serían tres: la delegación intersubjetiva, la descentralización funcional y la transferencia desconcentrada competencial.

4. Cuando dos municipios se funden de manera voluntaria ¿qué ocurre con el órgano de gobierno resultante?

a.Nada; se mantiene cada órgano propio, pero se forma una junta de gobierno local cooperativa.

b.Transitoriamente el órgano de gobierno estará constituido por la suma de los concejales de los municipios fusionados.

c.Se disuelven ambos y se producen elecciones inmediatas para la elección de un ayuntamiento transitorio según la suma de poblaciones.

d.Transitoriamente el órgano del gobierno estará constituido exclusivamente por los Concejales correspondientes al municipio de mayor población de entre los municipios fusionados.

5. Una de las siguientes Administraciones sería un supuesto de autonomía institucional constitucionalmente garantizado (es decir, estaríamos ante una Administración independiente que sí está prevista en la Constitución):

a.Las Universidades.

b.El Consejo de Seguridad Nuclear.

c.El Banco de España.

d.La Comisión nacional de los mercados y la competencia.

6. ¿Qué derecho se aplica a la Administración corporativa, por ejemplo, un colegio profesional, cuando ejerce competencias que las leyes o sus estatutos les asignan?

a. El Derecho privado, siempre y en todo caso.

b.El Derecho civil y, en determinados casos, el derecho mercantil.

c.El Derecho público así como el sometimiento al enjuiciamiento por la jurisdicción contencioso-adminstrativa.

d.El Derecho público, pero con un enjuiciamiento civil siempre y en todo caso.

7. De acuerdo con la Ley orgánica reguladora del Consejo de Estado, una de estas funciones no corresponde al Pleno, sino a la Comisión permanente:

a.El informe sobre anteproyectos de disposiciones reglamentarias en desarrollo, ejecución o cumplimento del Derecho de la UE o de tratados, convenios o acuerdos internacionales.

b.El informe previo sobre reformas constitucionales cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo.

c.Las reclamaciones en materia de indemnizaciones de daños y perjuicios.

d.Las dudas y discrepancias que surjan en la interpretación y cumplimiento de tratados, convenios o acuerdos internacionales en los que España sea parte.

8. Según la Ley, cuando la Administración, al dictar una resolución se separa de un criterio administrativo seguido con anterioridad (práctica o precedente), está obligada a:

a.Publicarlo en un Boletín oficial, el que corresponda a la Administración de que se trate.

b.A que debe motivar la nueva resolución.

c.Debe ajuntar la correspondiente memoria económica justificativa del gasto que conlleve esa separación.

d.Debe corroborarla en, al menos, dos ocasiones con al menos un año.

9. En el Informe o memoria anual del Tribunal de Cuentas, resultante o no de su actividad propia, una de esas previsiones no está contemplada:

a.La declaración de responsabilidades personales directas de los gestores públicos.

b.El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los Presupuestos del Estado.

c.La racionalidad en la ejecución del gasto público según criterios de eficiencia y economía.

d.La ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades estatales.

10. ¿Puede negarse una Administración a colaborar con otra? ¿Cuál es la respuesta más correcta de acuerdo con los casos o supuestos que recoge la Ley 40/2015 (LRJSP)?:

a.No puede en ningún caso si la solicitud se ha hecho mediante el procedimiento previsto en dicha norma.

b.No puede negarse en modo alguno, pues es un principio constitucional insoslayable y, por eso, recibe amparo por el Tribunal Constitucional.

c.Sí puede negarse, por ejemplo, cuando el organismo público o la entidad de la que se solicita ayuda no está facultada para prestar tal competencia, conforme a su normativa específica, o carece de medios suficientes para ello.

d.Sí, pero única y exclusivamente cuando se trate de información confidencial o reservada o causara perjuicio a terceros.

11. ¿En qué tipo de municipios está prevista por la Ley de bases del régimen local, modificada por la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, con carácter necesario la existencia de distritos como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada y quién ostenta su presidencia?:

a.En todos los que quede establecido por el Ayuntamiento, con independencia de su población, si lo dispone en su Reglamento orgánico y su presidencia la ostenta necesariamente el Alcalde correspondiente.

b.El distrito es la forma de gobierno municipal propia de los Concejos abiertos, donde no existe propiamente Ayuntamiento, de tal modo que existe un Concejal de distrito abierto.

c.Es la forma de gobierno propia de las áreas metropolitanas como entes de carácter local superior al Ayuntamiento e inferior a Provincias y Comarcas; su presidencia se elige en votación directa.

d.Está prevista con carácter necesario para los municipios de gran población y su presidencia corresponde a un concejal de tal municipio.

12. ¿Qué requisito no es correcto en relación a la posibilidad de plantear un conflicto en defensa de la autonomía local regulado en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC):

a.Si se trata de un conflicto planteado ante una ley general, están legitimados un séptimo del número de municipios de ámbito territorial que quede afectado que representen al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado.

b.El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del órgano plenario de las corporaciones locales recurrentes.

c.Están legitimados al menos un tercio de las provincias que representen, al menos, otro tercio de la población oficial del territorio afectado por la norma.

d.Cualquier municipio o provincia en caso de que sea el único destinatario de la ley objeto del conflicto.

13. ¿Qué régimen tiene el patrimonio o bienes que puede utilizar un organismo autónomo para el ejercicio de sus funciones?

a.Puede utilizar el patrimonio propio y separado de la Administración matriz o aquellos que le adscriba la Administración para el cumplimiento de sus fines.

b.Única y exclusivamente utilizará los bienes patrimoniales que le adscriban para el cumplimiento de sus fines la Administración matriz.

c.Única y exclusivamente los bienes y derechos del que sea titular propio.

d.Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

14. ¿Cuáles son las potestades principales que la Ley 3/2013 de 4 de junio establece para la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia?:

a.Arbitral, de mediación y, en determinados casos, la sancionadora.

b.Reglamentaria, expropiatoria, y sancionadora.

c.Reglamentaria, arbitral y sancionadora.

d.De mediación, y de arbitraje y conciliación.

15. ¿Qué organismo y con qué características dirige y gobierna una fundación del sector público estatal?

a.La junta de gobierno de la Administración local, autonómica o estatal del que dependa dicha fundación.

b.Un patronato que, bajo la tutela de la Administración, en que la mayoría de sus miembros serán designados entre sujetos del sector público.

c.Una junta de gobierno que, bajo la tutela de la Administración, está formada por funcionarios independientes.

d.El Consejo de Ministros, mediante la intervención delegada o su equivalente en las fundaciones públicas autonómicas.

16. ¿Pueden las Administraciones Públicas utilizar o formar parte de relaciones jurídicas reguladas por normas no administrativas?

a.No, nunca, sólo puede utilizar o formar parte de relaciones reguladas por normas administrativas.

b.No, porque en el ordenamiento jurídico no hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, sino sólo normas que presuponen su afectación o destino en todo caso a unos determinados sujetos.

c.No, porque aunque en el ordenamiento jurídico hay normas destinadas a los sujetos jurídicos en general, estas normas nunca son de aplicación a las administraciones públicas.

d.Sí, porque hay normas como las normas de Derecho privado que regulan la propiedad o las obligaciones y los contratos que afectan a todos los sujetos jurídicos en general, sean personas físicas o jurídicas o administraciones públicas.

17. ¿Contiene el Código Civil una regulación acabada de las fuentes del Derecho?

a.Sí, porque la entrada en vigor de la Constitución en nada ha incidido en la regulación del Código Civil.

b.Sí, salvo por una cuestión: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución.

c.Sí, salvo por dos cosas, exclusivamente: el reconocimiento del valor como norma jurídica de la Constitución y la aparición del Derecho de la Unión Europea, que en todo caso tiene un valor inferior al de nuestras leyes.

d.Hay que entender que la regulación sobre las fuentes del Derecho que contiene el Código Civil solo vale en cuanto resulta compatible con el sistema de fuentes europeo y el constitucional.

18. Los reglamentos:

a. Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

b.Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, previo dictamen favorable o desfavorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

c.Podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento a través de la revisión de oficio, sin necesidad de previo dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

d.Nunca podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración autora del reglamento.

19. ¿Puede un órgano administrativo consultivo, dotado de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración de la que, en su caso, depende para el ejercicio específico de sus funciones, recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta?

a.Sí, como todo órgano administrativo, también estos están sometidos a la dirección jerárquica completa mediante instrucciones y órdenes de servicio.

b.No en o para el ejercicio específico de tales funciones; aunque en lo demás sí les afecta el principio de jerarquía.

c.No les afecta la jerarquía de ningún modo, por lo que no pueden recibir ningún tipo de indicación ni tienen ninguna dependencia.

d.Sí podrían recibir órdenes e instrucciones, precisa y específicamente, siempre y cuando estas se limiten al ámbito del ejercicio específico de sus funciones consultivas.

20. ¿Cuál de estas no es, estrictamente, una técnica de las que están directamente previstas en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público (LRJSP) con respecto al cumplimiento de las obligaciones de colaboración administrativa:

a.El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del órgano público o entidad a la que se dirige la solicitud.

b.La creación y mantenimiento de sistema integrados de información administrativa.

c.El deber de asistencia y auxilio.

d.La sustitución inter-orgánica en el ejercicio de la competencia para la que se solicita la colaboración cuando el órgano que la solicita no puede ejercerla por no ser competente o carecer de medios.

21. Cuál de estas condiciones sí corresponde a la delegación interorgánica y, en cambio, no lo hace en el caso de la delegación de firma:

a.Que no altera la atribución de la titularidad de la competencia propia de cada órgano.

b.Que puede hacerse sobre competencias que, a su vez, le han sido delegadas.

c.Que debe quedar publicada en el Boletín oficial correspondiente.

d.Que corresponde o afecta a órganos internos de un mismo ente en los que existe necesariamente una estricta relación de jerarquía.

22. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, en cuanto al régimen jurídico de los principales actos emitidos, según su naturaleza, por una Entidad pública empresarial frente a los realizados por una organismo autónomo y por qué razón sería así de entre las recogidas?

a.Son distintos porque los actos del organismo autónomo son principalmente puros actos administrativos en tanto que los actos de las EPEs son principalmente actos privados.

b.En ambos casos estamos ante actos administrativos idénticos, con vía administrativa de recurso y posterior control contencioso-administrativo.

c.Serían distintos pues tienen los actos de los organismos autónomos, aunque sean privados como en el caso de las EPEs, cuentan con un control interno propio, sin perjuicio de su posterior recurso en la vía civil u ordinaria.

d.Ninguna de las anteriores respuestas es correcta; todos los actos de los entes institucionales están sometidos al mismo régimen jurídico de manera íntegra: el mercantil.

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